La vuelta al cole, que se ha iniciado de forma progresiva durante este mes de septiembre, ha estado marcada por la situación causada por el coronavirus, lo que ha obligado a tomar medidas para evitar el contagio entre el alumnado y los profesionales de los centros educativos.

Decenas de niños y varios profesores, en cuarentena por casos de coronavirus en guarderías y colegios

De este modo, la mascarilla es obligatoria para todos los mayores de 6 años, se han establecido protocolos para evitar las aglomeraciones en los centros, se han establecido grupos burbuja y se han aumentado las medidas de higiene. 

A pesar de ello, en muchos colegios y guarderías ya se han visto obligados a confinar a decenas de alumnos y profesores por casos positivos de Covid-19 en las aulas. Pero, quién toma estas decisiones?

¿Quién decide el aislamiento o cierre de los colegios?

Desde un primer momento, el Gobierno central y el Ministerio de Educación han decidido que sean las comunidades autónomas las que tomen las decisiones sobre los protocolos y medidas a adoptar en cuanto a los centros educativos de sus territorios. 

Sin embargo, el pasado 5 de agosto se publicaba en el BOE la Orden EFP/757/2020, de 3 de agosto, por la que se creó la Comisión de trabajo para el seguimiento de la COVID-19 en el Ministerio de Educación.

Esta comisión es la encargada de hacer un seguimiento de la evolución y el impacto de la pandemia en el ámbito educativo, con objeto de "compartir y analizar las estrategias seguidas y poder extraer enseñanzas de las diferentes medidas adoptadas". 

Así, una de las funciones de esta comisión es mantener el intercambio de información entre Educación y el resto de las Administraciones educativas. Además, se pretende que la comisión pueda también proponer medidas para el buen desarrollo de la actividad educativa y adoptar las decisiones necesarias en respuesta a las situaciones que se produzcan.

Por lo tanto, aunque las comunidades autónomas siguen siendo competentes en materia de educación y en la toma de decisiones que afecten a este ámbito dentro de su territorio, el Gobierno central y, concretamente, el Ministerio de Educación y la Comisión podrán establecer las medidas oportunas.